El Juzgado de Baeza acaba de concluir la instrucción de la denominada operación “Picar”. Una laboriosa y compleja investigación de la Guardia Civil que dio por desarticulada una organización criminal que, presuntamente, mataba caballos para cobrar cuantiosas indemnizaciones del seguro. Finalmente, la juez María Teresa Zambrana ha dictado auto de procesamiento contra 14 personas por delitos de estafa, falsedad de documento oficial y maltrato animal. Tres de los implicados son veterinarios. Junto a ellos, también se sentarán en el banquillo varios propietarios de establecimientos ecuestres y falsos dueños de animales.
El escrito de la magistrada describe, a través de 14 hechos concretos, cuál era el “modus operandi” que, supuestamente, empleaban los procesados para engañar a las compañías de seguro. Al parecer, “forzaban” la muerte de los caballos a través de distintos métodos y, posteriormente, los hacían pasar por ejemplares de pura raza para, de este modo, cobrar las indemnizaciones que tenían contratadas y engordar los beneficios. La Guardia Civil calculó, en su día, que podrían haber obtenido ganancias fraudulentas superiores al millón de euros.
Uno de los ejemplos que explica la juez es el de Cañero XXXVII, un caballo que, aparentemente, fue golpeado por una potra cuando ambos estaban en la romería de Begíjar. Es aquí donde entraban en juego los tres veterinarios procesados. En este caso concreto, uno de ellos practicó la eutanasia al equino “por encontrarse en condiciones infrahumanas y con una pata rota”. No obstante, “no acreditó la identificación del animal mediante la lectura del microchip”. Su propietario lo tasó en 24.000 euros ante la compañía de seguro cuando su valor real, según el auto de la juez, era de unos 2.700.
Precisamente, fue una aseguradora la que presentó una denuncia ante la Guardia Civil en junio de 2015. El Seprona abrió una investigación que, en una primera fase, se centró en los falsos accidentes que sufrían los equinos. Los agentes del Instituto Armado tiraron de ese hilo y descubrieron una trama mucho más compleja que se extendía por una decena de provincias. Hubo 28 implicados, aunque la juez de Baeza, finalmente, solo ha procesado a 14. Presuntamente, utilizaban caballos que adquirían a muy bajos precios y los hacían pasar por otros ejemplares de Pura Raza Española. Simplemente, daban el “cambiazo”. El papel de los veterinarios era certificar que esos animales de peor categoría tenían unas excelentes cualidades de doma, porte y apariencia física cuando, en ocasiones, ni tan siquiera llegaban a verlos, tal y como se describe en el auto de procesamiento. Después, los sacrificaban, los maltrataban hasta la muerte o los incluían en “accidentes” de mentira, según siempre la Guardia Civil. Y el siguiente paso era pedir indemnizaciones al seguro, que no eran, ni mucho menos, exiguas.
En algunos casos, también, a los caballos de raza española se les hacía “desaparecer” para proceder a su posterior venta, con otro microchip y documentación diferente. De este modo, conseguían un doble beneficio. Así ocurrió con “Esperado JLC”, un caballo que aparentemente fue atropellado en un camino rural de Úbeda en julio de 2013. Su propietario pidió una indemnización de 24.000 euros. Sin embargo, las pesquisas de la compañía pusieron que el animal arrollado no coincidía con las características que presentaba “Esperado JLC” y que el vehículo tenía daños incompatibles con el atropello de un caballo. Presuntamente, habían provocado un accidente para matar a otro animal. El verdadero “Esperado JLC” se encuentra legalmente desaparecido.
El auto de la juez puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial. Es el paso previo para que la Fiscalía y las demás acusaciones, ejercidas por las aseguradoras, presenten los correspondientes escritos de acusación.
Texto y Foto: Diario de Jaén